La Fundación Levántate Mujer unimos nuestras voces pidiendo  respeto a los derechos humanos de  las mujeres en Bolivia y denunciando la corrupción judicial, ante los últimos acontecimiento sucedidos en el municipio de El Alto - La paz  con la aprensión de  Richard Choque quien tuvo una sentencia condenatoria “sin derecho a indulto en el año 2013 por el feminicidio de Blanca Ruby Limachi Sirpa de 20 años y que  el 2019 se benefició con detención domiciliaria temporal y que actualmente fue aprendido nuevamente el pasado 26 de enero por el feminicidio de dos adolescentes develando la ola de irregularidad, corrupción, permisibilidad, indefensión social y judicial que acecha a diario a las poblaciones más vulnerables: las mujeres, niñas, niños y adolescentes favoreciendo al enraizamiento de una cultura machista y violenta.

La Fundación Levántate Mujer, es una obra social de la Congregación Ntra. Sra. de la Caridad del Buen Pastor que, en Bolivia, viene trabajando en favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia y vulnerabilidad social, dedicada a contribuir a la creación de una sociedad más justa; en concordancia con nuestro posicionamiento Congregacional, nuestra primera respuesta es expresar solidaridad con quienes han sido víctimas de este repulsivo delito, como el feminicidio. En todo nuestro trabajo, buscamos analizar y abordar las causas profundas, examinando y desenmascarando los nexos entre la trata y las políticas de injusticia económica, la violencia contra las mujeres.

Como una institución que BASA SU ACCIONAR EN LA PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS, con acogida compasiva, misericordia y justicia, es nuestro deber pronunciarnos ante los sucesos ocurrido en los últimos días en contra de la seguridad, la vida y bienestar de las mujeres bolivianas. El caso de RICHARD CHOQUE FLORES han develado la realidad del sistema judicial en Bolivia, el cual pone en evidencia las irregularidades, corrupción, permisibilidad y atropello que acecha a diario a las poblaciones más vulnerables: las mujeres, niñas, niños y adolescentes favoreciendo al enraizamiento de una cultura machista y violenta.

Choque Flores ya tuvo una sentencia condenatoria “sin derecho a indulto", como lo establece la Ley N° 348, en el año 2013 por el feminicidio de Blanca Ruby Limachi Sirpa de 20 años. A pesar de ir en contra de las normas establecidas que protegen la vida y condenan la muerte, el 2019 se benefició con detención domiciliaria temporal y sin custodios, por un supuesto enfermedad terminal prevista en la Ley N° 2298 sujeto a condiciones de control y retornar a la cárcel 18 meses después. Condición que nunca cumplió y que las autoridades no hicieron el seguimiento pertinente y OBLIGATORIO.

Este pasado 26 de enero de 2022 nuevamente fue detenido y confesó haber agredido sexualmente a más de 77 mujeres, y recientemente aseveró haber asesinado a más de 15 mujeres de las cuales 2 cuerpos ya fueron encontrados y enterrados en su misma vivienda.

Este caso que consterna a la sociedad, NOS INDIGNA, CUESTIONAMOS y REPUDIAMOS las omisiones sistemáticas que se produjeron en el actuar del Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía Boliviana que no consideró los derechos de las víctimas, constituyendo una evidencia de la negligencia en el control que debe existir en las instancias promotoras y receptoras de denuncia.

Nos sumamos a la condena nacional contra los actos de corrupción y apatía de los operadores de Justicia y sobre todo en contra el Juez Rafael Alcón, responsable de la liberación del feminicida Richard Choque, volviéndose cómplice de las violencias posteriores.

Repudiamos este escenario de negligencia, vulneración de derechos, retardación de justicia e indefensión social y judicial que viven las mujeres en Bolivia.

A las más altas autoridades del Órgano Judicial, del Ministerio Publico, de la Policía Boliviana y las instancias pertinentes del  Estado,  exigimos:

• Que las autoridades en su totalidad cumplan con las funciones y obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado y normativas vigentes que insta en ampliar y fortalecer la cobertura de los servicios de atención, investigación, sanción y reparación de daños provocados por los hechos de violencia hacia las mujeres y la instauración de juzgados especializados y exclusivos en materia de violencia, considerando que en casi nueve (9) años de la promulgación de la ley N° 348 sólo se han instaurado 27 juzgados especializados en todo el país.
• Exigimos un proceso de auditorías e investigación para el Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y todas las instancias promotoras y receptoras de denuncia ante hechos de violencia y con énfasis en los que se perpetran contra las Mujeres, Niñas, Niñas y Adolescentes.
• Cumplir con los programas de atención inmediata tomando en cuenta las medidas de protección que se establecen en la Ley N° 348, desde el primer momento de la denuncia y la reparación integral del daño a las víctimas de violencia y a las víctimas secundarias (hijos, familiares o personas con las que comparte la vivienda).
• Que el caso del feminicida Richard Choque Flores debe servir para reflexionar respecto a las actuaciones de instancias promotoras y receptoras de denuncia que no juzgan, ni evalúan con perspectiva de género (no aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos por lo que se debe replantear el procedimiento adecuado y oportuno para brindar a las víctimas de violencia de género.
• Inmediata sentencia para Richard Choque y para quienes fueron cómplices en estos delitos, entre los operadores de justicia y todas las personas y profesionales implicados en el caso.
• Recordamos a las todas las autoridades que, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el Artículo 15, parágrafo II, estipula que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. El mismo artículo en su parágrafo III, establece que “el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”, obligación ratificada en la Ley 348.
• Pedimos que no se vulneren los derechos de las víctimas, se promueva el seguimiento e investigación, así como deje de catalogarse al feminicida como "psicópata" ya que solo pretende aislar el hecho como si no fuera una acción.

Como brazo social de la misión de la Congregación del Buen Pastor, expresamos nuestra solidaridad con aquellas personas que han sido víctimas de la violencia estructural machista en nuestro País y por aquellas que continúan su lucha en búsqueda de justicia. Instamos al Estado a demostrar voluntad política para desarrollar instrumentos eficaces para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad, proteger a las víctimas y enjuiciar a los delincuentes.

“Una persona vale más que un mundo”

Santa María Eufrasia

Bolivia, 01 de febrero de 2022